Guillermo Ferreiro, abogado de Miguel Prieto, calificó de truchas las causas que pesan en contra del intendente de Ciudad del Este y sostuvo que la Fiscalía es utilizada “como garrote” por ciertos sectores políticos.
El abogado Guillermo Ferreiro, defensa del intendente de la Municipalidad de Ciudad del Este, Miguel Prieto, manifestó a radio Monumental 1080 AM que la Fiscalía “es el garrote” de ciertos sectores políticos.
Prieto tiene a cuestas un total de 30 denuncias, que fueron presentadas ante el Ministerio Público; una gran mayoría de estas fueron realizadas por Celso Kelembu Miranda y tienen que ver con supuestas irregularidades en su gestión frente de la Comuna esteña.
“La Contraloría revisó todo y sus técnicos no encontraron nada, pero está claro que hay una orden directa para que sigan buscando y buscando, hasta encontrar algo que les sirva para sustentar las causas truchas”, cuestionó.
En lo referente a la administración de Prieto, dijo que la Municipalidad de CDE antes tenía más de 3.000 funcionarios y que hoy en día solo tienen 2.200 trabajadores, que recauda más, invierte tres veces más que antes, no debe dinero y tiene capital en los bancos generando intereses.
Lamentó que la “Fiscalía en esta administración vaya a seguir siendo el garrote de sectores políticos” y consideró que es una institución corrompida, que opera como una organización criminal.
“La Fiscalía sigue con problemas muy graves y muy pronto va a llevar a una situación de colapso, muy pronto”, advirtió el profesional del Derecho.
Este jueves la audiencia de imposición de medidas del intendente fue suspendida, tras la presentación de un recurso de su defensa.
Imputaciones contra Prieto
Las imputaciones por lesión de confianza fueron realizadas contra Miguel Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad.
En calidad de coautores también fueron imputados Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Himinio Ramón Acuña, Cirle Alizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez.
La causa guarda relación con una licitación que se realizó por la vía de la excepción en marzo de 2020, en época de pandemia del Covid-19, sobre la compra de 25.000 kits para distribuir a personas vulnerables y de escasos recursos.
Fuente. UH