Luego de los escándalos por la cuestionada contratación de los hijos de Silvio Beto Ovelar y de Pedro Alliana, la Cámara de Diputados informó que ahorró casi G. 2.000 millones en la reducción de funcionarios contratados.
De acuerdo con el informe, la administración del presidente de Diputados, Raúl Latorre, redujo la cantidad de funcionarios contratados en un 11%, lo que contribuyó en un ahorro de G. 1.988 millones para el presupuesto de la institución legislativa.
Desde que asumió en julio pasado se ahorró mensualmente una media de G. 331 millones durante los seis meses de mandato. Sin embargo, la publicación de la Cámara Baja admite que si bien no se renovaron 346 contratos, ingresaron 283 en el inicio del periodo legislativo con Latorre a la cabeza.
Como argumento sostiene que la asunción de un nuevo cuerpo legislativo supuso un cambio del plantel de contratados que cumplen funciones de confianza, es decir, los ingresos se realizaron sin concursos.
En este grupo ingresó Montserrat Alliana, hija del vicepresidente Pedro Alliana, directamente como funcionaria permanente y con un salario superior a los G. 18 millones. De acuerdo con la planilla de funcionarios de la Cámara Baja, ella ingresó en setiembre pasado y se desempeña como coordinadora de Liquidación sin un título universitario.
Quien estuvo en el ojo de la tormenta antes de la Navidad fue el presidente del Congreso, Silvio Beto Ovelar, quien intentó defender el puesto de su hijo, Alejandro, en la Cámara de Diputados en desafortunadas declaraciones que despertaron la indignación ciudadana. El joven figuraba como asistente y cobraba un salario de G. 3.300.000.
Aunque su padre mencionó que el propio Latorre lo llamó para consultarle sobre la contratación, el presidente de la Cámara de Diputados negó que el joven haya ingresado a la institución durante su administración y publicó un documento que muestra que el ingreso de Alejandro Ovelar fue en marzo, casi cuatro meses antes de que asumieran las nuevas autoridades.
Por este caso, la abogada Teresa Flecha denunció ante el Ministerio Público a Beto Ovelar por enriquecimiento ilícito en la función pública y tráfico de influencias.
Fuente. UH