Ciudadanos que marcharon contras las injusticias entregaron una proclama dirigida a los tres poderes de Estado, en la cual denunciaron los privilegios de la “casta política” y advirtieron sobre la amenaza a la democracia y al Estado de derecho.
Con un acto central frente al Poder Judicial se cerró este jueves la Marcha por la Justicia contra todas las Injusticias, que inició el domingo en Caacupé y tuvo paradas en Ypacaraí, Capiatá y Fernando de la Mora.
Los manifestantes entregaron una proclama a los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
En la notificación pública recordaron varias leyes supremas de la Nación que rigen para la ciudadanía –incluidas las autoridades electas–, entre ellas, que la soberanía reside en el pueblo y el juramento que los funcionarios públicos hicieron de velar el mandato constitucional.
Así como también resaltaron que las autoridades están “de paso”, mientras que el “pueblo permanece”, y que las leyes son creadas para beneficiar a todos, no para beneficiar solo a algunos sectores.
Rechazo a la reforma constitucional
Al Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Santiago Peña, le advirtieron que no están dispuestos a tolerar la captura del Estado “por parte de una mafia organizada” ni el avance del autoritarismo que pone en peligro la democracia y el Estado de derecho.
Enfatizaron el profundo rechazo al “traicionero intento” de impulsar la reforma de la Constitución Nacional que pretende beneficiar a “cúpulas mafiosas y élites políticas corruptas”.
“No podemos permitir que el Estado sea utilizado como instrumento de opresión y explotación por parte de quienes detentan el poder”, suscribieron, al tiempo de resaltar que el Ejecutivo debe abandonar en ese intento absurdo.
Exigieron a las cabezas a tener valentía para asumir un verdadero compromiso por la democracia.
“Basta de atropellos”
Se refirieron a los diputados y senadores que se adjudicaron una jubilación vip por la cual se llevarán millones de las arcas públicas y que además pretenden tener cupos de combustibles de G. 5.000.000 para cada uno.
Mencionaron, a su vez, los casos de nepotismo que imperan en el actual periodo parlamentario con millonarias contrataciones de los hijos, esposas y familiares de los políticos en la famosa categoría de “cargo de confianza”.
También denuncian la “vil traición al mandato constitucional de representar al pueblo, los intereses comunes y las causas sociales”.
Los ciudadanos que firmaron el documento no aceptan dichos beneficios a costa de los “compatriotas que lucha por sobrevivir día a día”, así como también se oponen a un Legislativo como “guarida para narcotraficantes y corruptos”.
“El Congreso Nacional debe cumplir su verdadera misión, que es legislar en favor de la ciudadanía y no en favor de los poderosos. Basta de los atropellos contra nuestro pueblo”, subrayaron.
El movimiento Honor Colorado, que goza de una cómoda mayoría en ambas cámaras, desoye cualquier reclamo que vaya en contra de su agenda legislativa; en cada sesión piden el cierre de debate y aprueban leyes en tiempo récord.
compromiso con la libertad, justicia e igualdad
Frente a las intenciones de imponer un régimen autoritario mediante la reforma constitucional, hicieron un llamado “claro, urgente y decidido” a los ministros de la Corte Suprema de Justicia “para que, con el coraje y la independencia que la Constitución exige, declaren la inconstitucionalidad y nulidad de aquellas leyes y prácticas que perpetúan los privilegios de una casta política”.
“La reforma constitucional anunciada desde el Poder Ejecutivo, sostenida por los intereses del cartismo, representa un ataque directo a la democracia, al equilibrio de poderes y a las instituciones del Estado”, advirtieron en el escrito.
A los integrantes de la Sala Constitucional, Gustavo Santander, César Diésel y Víctor Ríos Ojeda, pidieron que se erijan como garantes de la carta magna, los derechos ciudadanos y el futuro de la República.
“Este es el momento de actuar con valentía, de no ceder ante las presiones ni los intereses espurios que buscan socavar la democracia”, proclamaron.
Fidelino Quintana, padre Rodrigo Quintana, pronunció unas palabras en busca de justicia por el asesinato de su hijo en la madrugada del 1 de abril del 2017, tras las protestas del 31M para evitar la enmienda constitucional que pretendía imponer la reelección presidencial durante el gobierno de Horacio Cartes.
“Mi hijo vino a defender la democracia y hasta hoy en día no hay justicia, y tampoco creo que haya justicia con esta gente (por los ministros) que está robando todos los días. ¡Qué justicia vamos a tener así, es imposible! Pero vamos a seguir luchando”, expresó.
La Marcha por la Justicia contra todas las Injusticias, o Japay-Py, se inició el pasado domingo, al término de la misa en la Basílica de Caacupé, con una cruzada que pasó por varias ciudades hasta llegar a la capital del país.
Fuente. UH