La bancada de Yo Creo, que tiene mayoría propia en la Junta Municipal, autorizó ayer a María Portillo, la gestión de un empréstito de G. 20 mil millones, a un plazo no mayor de doce meses.
La administración de la intendenta interina María Portillo, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), inició oficialmente su gestión con el pedido de un millonario préstamo bancario para cubrir el déficit de Caja de la Municipalidad de Ciudad del Este. Paradójicamente, lo que en su momento fue blanco de críticas, cuando el gobierno municipal estaba a cargo del Partido Colorado, hoy se convierte en la herramienta utilizada para enfrentar la crisis financiera.
El planteamiento de Portillo fue remitido a la Junta Municipal como su primer mensaje formal y contó con el respaldo de la mayoría de la bancada de Yo Creo. El concejal colorado Richard Alfonso facilitó el cuórum necesario, aunque el resto de sus colegas colorados –Ernesto Guerín, Liz Magnolia Pereira y Federico González– optaron por ausentarse de la sesión.
El pedido contempla la autorización para gestionar un empréstito de G. 20 mil millones, a un plazo no mayor de doce meses y con una tasa de interés a ser convenida con la entidad bancaria correspondiente, “siempre en condiciones favorables para la Comuna”, dice el mensaje del ejecutivo que destaca que el objetivo es “precautelar los intereses institucionales y de conformidad a los indicadores financieros del mercado”.
De acuerdo con informes de la Dirección de Administración y Finanzas y de la Dirección de Recaudaciones, la Municipalidad arrastra desde junio un pronunciado déficit de caja. La situación amenaza con impactar directamente en la ejecución presupuestaria de los gastos corrientes y de capital previstos para este ejercicio fiscal.
DÉFICIT. “Con esta tendencia de ingresos, los recursos disponibles serán insuficientes para sostener el normal cumplimiento de los egresos”, señala el documento elevado por la intendenta, que agrega que resulta “preventivo contar con un empréstito” para garantizar el funcionamiento institucional.
La fundamentación se apoya además en el artículo 166 de la Ley Orgánica Municipal, que habilita a las municipalidades a obtener préstamos a corto plazo, con autorización de las juntas municipales, para cubrir déficit temporales de Caja.
Portillo ya había adelantado que la baja recaudación sería uno de los principales obstáculos. La Comuna adeuda salarios de parte de junio, la totalidad de julio y está por vencer agosto, lo que acumula una presión financiera insostenible.
El cumplimiento mensual de este compromiso ronda los G. 8 mil millones, por lo que el préstamo solicitado permitiría cubrir los pagos atrasados y ponerse al día con los funcionarios. “Es una medida urgente, necesaria para dar estabilidad y recuperar la confianza interna”, subrayó la intendenta.
CAMBIOS. En paralelo a la gestión del empréstito, la intendenta anunció los primeros cambios en cargos claves de la administración. El abogado Carlos Benítez asumió como nuevo secretario general, pieza fundamental al ser responsable de refrendar las resoluciones municipales.
El área de Finanzas quedó bajo la responsabilidad del licenciado René López, mientras que la Asesoría Jurídica pasó a manos del abogado Dani Ledezma, de larga trayectoria en el mismo departamento. Asimismo, el Gabinete se completa con Leongino Viana como jefe de Gabinete, y Óscar González Drákeford como director general.
La jefa comunal adelantó que los principales desafíos serán la reorganización financiera, el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y la restitución de la confianza ciudadana. “Nuestra gestión buscará la apertura hacia la ciudadanía, el ordenamiento de las cuentas públicas y la modernización de los servicios”, expresó.
TRASPASO FORMAL. El martes, poco después de las 20:00, la Municipalidad de Ciudad del Este cerró la etapa de intervención administrativa y abrió un nuevo capítulo con la firma del acta de traspaso entre el interventor Ramón Ramírez y la intendenta María Portillo.
El acto se desarrolló en la sede municipal, en presencia de representantes del equipo interventor y de los miembros del nuevo gabinete. Una escribana pública certificó la legalidad del procedimiento, dio lectura al documento oficial y detalló la entrega de expedientes y documentos foliados que reflejan la administración saliente.
Fuente. UH