Las víctimas del caso mafia de los pagarés presentaron este lunes un pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel, cuyo hermano es accionista en una de las empresas vinculadas con el esquema de estafas. El documento podría extenderse a los otros ocho ministros.
Representados por la Coordinadora de Víctimas de la Mafia de los Pagarés, cerca de 1.600 personas afectadas por el esquema de descuentos irregulares presentaron una solicitud de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Diesel.
El documento, de unas 120 páginas, fue entregado este lunes a la Cámara de Diputados, señaló Pedro Coronel, vocero de las víctimas, en radio Monumental 1080 AM.
El pedido se enmarca por la falta de respuestas contundentes en torno al caso, con una investigación del Ministerio Público que solo alcanzó a 19 empresas de las 145 detectadas dentro del esquema e imputó solo a dos dueños de casas de cobro.
Las víctimas, de acuerdo con Coronel, no han encontrado una salida a pesar de las mesas de diálogo, notas presentadas y manifestaciones frente al Palacio de Justicia.
“No se está llegando a nada y tenemos el derecho constitucional a ese mecanismo”, acotó sobre el juicio político.
Coronel explicó que piden, en principio, una investigación al Diesel por su responsabilidad y su posible relacionamiento con una de las empresas a través de su hermano Óscar Diesel Junghanns, accionista de la Compañía Administradora de Riesgos SA (Carsa), una de las empresas más implicadas en la mafia de los pagarés.
“Dejamos a cargo de los diputados que vean la responsabilidad del resto”, agregó en referencia a los ocho ministros de la Corte.
“Se precisa que se inicie el proceso con el presidente de la Corte y después con los otros según su grado de responsabilidad. Creemos que los diputados lo van a tomar porque es una función que deben cumplir”, subrayó.
Coronel citó que el pedido de juicio político se sustenta en tres pilares fundamentales: “el incumplimiento de su rol, delitos cometidos en el ejercicio de su cargo y delitos comunes”.
Entre los procesados por el caso están la jueza de Paz de La Catedral, Nathalia Garcete, actuarios, ujieres, oficiales de Justicia y abogados de empresas de cobranzas.
Fuente. UH