Para los fiscales que investigan el caso Metrobús, no hubo malversación por parte del ex ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona, y por ello solicitaron su sobreseimiento. La agente Yeimy Adle señaló que la obra avanzó en un 40%, avalado por fiscalizadores internacionales.
La fiscal Yeimy Adle brindó detalles que argumentan el pedido de sobreseimiento definitivo de Ramón Jiménez Gaona, ex titular del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), durante el gobierno de Horacio Cartes, impulsor de la construcción del fallido Metrobús que se presentó como la solución al deficitario sistema de transporte público del país.
Jiménez Gaona fue imputado por lesión de confianza por la no conclusión de la obra que generó frustración, cierres de locales comerciales y presuntos daños al erario público.
La fiscala Yeimy Adle, una de las investigadoras, señaló que la defensa del ex ministro presentó las rendiciones de cuentas aprobadas por el Tribunal de Cuentas de todos los ejercicios fiscales y con estos datos no se pudo determinar que haya perjuicio patrimonial.
“Él (Jiménez Gaona) estaba acusado por lesión de confianza y, como todos sabemos, el elemento principal de la lesión de confianza es el perjuicio patrimonial y, en este caso, no hubo perjuicio patrimonial. Hubo contrato vigente, pólizas vigentes y obras realizadas y certificadas”, señaló en comunicación con radio Monumental 1080 AM.
La fiscala explicó que antes que se realice la audiencia preliminar, un equipo de fiscales integrados por ella y sus colegas Nathalia Silva y Giovanni Grisetti accedieron a 5.000 pruebas presentadas por la defensa y pidieron al juez suspender la audiencia para que los investigadores se expidan sobre las pruebas.
“Nosotros necesitábamos analizar a profundidad esas pruebas. Trabajamos toda esa tarde, noche, madrugada revisando las pruebas y llegamos a la conclusión de que eran pruebas que hacían los hechos y nosotros no teníamos, que podíamos incorporar a través de un sobreseimiento provisional”, agregó Adle.
Revisando los documentos, los investigadores llegaron a la conclusión que existieron hechos de los cuales eran responsables autoridades del Ministerio de Obras Públicas, pero otras eran responsabilidad de la empresa contratista de Mota-Engil.
Condena al Estado paraguayo
El Estado paraguayo fue condenado por un tribunal arbitral a pagar una millonaria suma a Mota-Engil.
Con la suma total de intereses, hasta el 31 de diciembre de 2023, Paraguay debe pagar USD 16 millones. El Estado ya pagó a la firma un monto de USD 27 millones.
Las razones del tribunal para condenar a Paraguay son dos y la primera es que el Estado se comportó de manera indebida por actuar en contra de una orden procesal.
La segunda razón es por cuestiones de retraso de la obra. Mota-Engil reclamó que por culpa del Estado se retrasaron unos 691 días y el tribunal consideró para condenar solo el 37% de lo reclamado.
Fuente. UH