La iniciativa de eliminación de la Caja Parlamentaria presentada por opositores fue ninguneada en la Cámara de Diputados. “Se escondió debajo de la cloaca del Congreso”, cuestionó el proyectista Raúl Benítez.
En la misma sesión que la Cámara Baja trató la reforma de la Caja Parlamentaria, los diputados Johanna Ortega (País Solidario) y Raúl Benítez (independiente) plantearon su eliminación.
Los oficialistas, por su parte, introdujeron modificaciones que en realidad mantienen los privilegios de la jubilación vip.
Además, el reglamento establece que proyectos que tienen la misma naturaleza deben ser abordados en la misma sesión; sin embargo, la iniciativa de eliminación fue omitida y tampoco fue incorporada en la sesión extraordinaria de este martes, donde se trata la reforma de la Caja Fiscal, en medio de movilizaciones de docentes.
Ni siquiera fue girado a comisiones para que se dictamine al respecto.
“Acá, la realidad es que el proyecto de eliminación de la Caja Parlamentaria, no se escondió debajo de la alfombra, (sino que) se escondió debajo de la cloaca del Congreso Nacional”, expresó Benítez.
Cuestionó que “es un tema que no se abordó en lo más mínimo” y “ni siquiera se evaluó como opción, ni se calculó si es posible, porque acá el foco siempre fue mantener sus privilegios”, expresó.
El diputado insistió en que la existencia del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para Miembros del Poder Legislativo (Caja Parlamentaria) causa un daño patrimonial en el presente o futuro, contrariamente a lo que argumentan los legisladores oficialistas que defienden cambios para convertirlo en una caja privada de capitalización individual.
“Es una falacia, porque al final, cuando la caja explote, y uno tiene los derechos irrevocables, cuando ocurra eso y explote la caja, estas personas que reciben el beneficio van a poder recurrir mediante un mecanismo judicial para poder seguir cobrando igual con plata del Estado”, arremetió el opositor.
A diferencia de este proyecto, tuvo media sanción la propuesta cartista que incorporó en el artículo 6°, inciso f, que “prohíbe todo aporte, subsidio, garantía o respaldo financiero del Estado en cualquiera de sus formas al patrimonio”.
De hecho, la ley vigente eliminó el aporte estatal desde el 2019, pero aun así los legisladores maniobraron para inyectar USD 10.000 millones a su caja jubilatoria en los últimos tres años.
Fuente. UH