El Instituto de Previsión Social (IPS) realizó una auditoría interna sobre el área de aporte obrero-patronal. El presidente del ente, Dr. Isaías Fretes, también informó que fueron remitidas otras cinco denuncias al Ministerio Público.
Revolviendo el fango. El director de Recaudación del Instituto de Previsión Social (IPS), Modesto Villasanti Capurro, reveló que el informe de la auditoría dado a conocer por Última Hora, que detectó presuntas irregularidades en el área de aporte obrero-patronal, ya fue remitido al Consejo de Administración y posteriormente enviado al Ministerio Público para su investigación.
Según explicó, además de la Fiscalía, el documento fue derivado a distintas dependencias de la previsional junto con recomendaciones para corregir las anomalías detectadas.
Villasanti señaló que actualmente se realiza una evaluación integral de la dependencia encargada de los aportes obrero-patronales, debido a las numerosas debilidades identificadas durante el proceso de auditoría.
Consultado sobre posibles responsables, confirmó que el informe incluye nombres de funcionarios que habrían participado en la alteración de registros del sistema.
Indicó que esos antecedentes ya fueron puestos a disposición de la Fiscalía y estimó que los involucrados serían aproximadamente ocho funcionarios. El informe final habla de 14 personas.
Antecedentes. El trabajo de la auditoría detectó un esquema de alteración de registros informáticos para ocultar deudas de aportes obrero-patronales, la utilización de la identidad de una persona fallecida para transferir obligaciones previsionales y modificar el estado de morosidad de la empleadora Myrian Josefina Ríos Giménez.
Ríos Giménez, según los datos, registraba una deuda correspondiente a seis planillas del seguro doméstico y otras 92 planillas vinculadas a una actividad diferente por más de G. 120 millones.
Sin embargo, los auditores detectaron que los datos asociados a esta empleadora fueron modificados dentro del sistema institucional.
La empleadora solicitó un préstamo ante la Caja de Préstamos del IPS el 28 de agosto de 2025.
El pedido correspondía a un crédito bajo la modalidad de “a sola firma”, por un monto de G. 159 millones y un plazo de 72 meses.
Para gestionar la operación, la solicitante presentó una constancia de no ser empleador, documento emitido el 19 de agosto de 2025.
Modus operandi
El principal método identificado consistía en cambiar el número de RUC y la razón social de una empresa deudora dentro del sistema informático, manteniendo invariable el identificador interno del empleador.
De esta manera, la deuda dejaba de aparecer asociada a la firma original y pasaba a figurar bajo otra identidad, generando la apariencia de que la patronal inicialmente morosa se encontraba al día con sus obligaciones.
Según los auditores, la obtención de esa constancia fue posible porque las deudas que figuraban originalmente a su nombre habían sido trasladadas de manera irregular dentro del sistema informático del IPS.
La investigación sobre el caso Ríos Giménez sostiene que meses antes, el 7 de mayo de 2024, los registros de la patronal fueron modificados para sustituirlos por los de Tomás Arce Verón.
Esta es una persona, que tomando en cuenta los datos de su nacimiento hoy debería de tener 117 años.
El caso forma parte del Informe Final AI Nº 01/2026, que documenta una serie de manipulaciones realizadas en el sistema Registro Electrónico de Información (REI).
A través de estas manipulaciones, habrían alterado datos de empleadores con deudas ante la previsional por más de G. 7.600 millones, en el periodo de enero de 2024 a mayo de 2025, beneficiando a 59 empresas.
Investigan más casos en la previsional
Durante la conferencia de prensa realizada ayer, el presidente del Consejo de IPS, doctor Isaías Fretes, mencionó que remitieron a la Fiscalía cinco denuncias de supuestos hechos de corrupción en la previsional.
“Hay otras que están siendo auditadas. También debemos ser responsables, tener la certeza absoluta de que algo no está bien”, expresó.
Comentó además que encontraron casos de embarazadas que al principio de su periodo de gestación cobraban sueldo mínimo y antes de culminarlo recibían G. 10 millones.
Por otra parte, informaron sobre el convenio con la DNIT, que apunta a fortalecer los mecanismos de control, optimizar la gestión institucional y contribuir al incremento de la recaudación de aportes obrero-patronales.
Fuente. UH