Plazos. Los especialistas piden que se fijen plazos en las acciones concretas para evitar el colapso.
Plan. El Gobierno apura la creación del Ministerio de Energía y la aparición de un Ente Regulador.
Ex autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) manifestaron su preocupación ante la falta de medidas concretas para resolver los problemas urgentes que amenazan la estabilidad del Sistema Interconectado Nacional (SIN). A través de una nota formal remitida al jefe del Gabinete Civil de la Presidencia de la República, Javier Giménez, los ingenieros Pedro Ferreira y Fabián Cáceres advirtieron que la intención gubernamental de crear un Ministerio de Energía y un Ente Regulador no resuelve las fallas operativas inmediatas y solo distrae la atención de una crisis eléctrica cada vez más cercana.
El documento presentado surge tras la reciente primera sesión de la Mesa Eléctrica, encuentro en el cual los especialistas esperaban debatir planes de acción inmediatos para el sector. Sin embargo, en lugar de propuestas técnicas y cronogramas definidos, las autoridades nacionales expusieron proyectos para la conformación de dos nuevas estructuras burocráticas. A criterio de los referentes técnicos, impulsar reformas institucionales de esa magnitud en medio de un escenario crítico constituye un error estratégico que aplaza decisiones impostergables.
Entre las amenazas más graves señaladas en el escrito se encuentra el riesgo real de un déficit energético proyectado entre los años 2030 y 2032. La demanda eléctrica en el país registra un crecimiento superior al dieciocho por ciento anual, ritmo que sobrepasa ampliamente la capacidad de expansión de la infraestructura existente. Para evitar cortes de suministro a grandes consumidores en horarios de mayor demanda, el Estado paraguayo requiere incorporar de manera urgente nuevas fuentes de generación, proceso que hasta el momento no ha iniciado ninguna de las obras previstas en el Plan Maestro a partir del año 2025.
Electrointensivas. Otro factor de alta incertidumbre se relaciona con los contratos de suministro otorgados al sector de consumo intensivo especial, dedicado a la minería de criptomonedas. Estas industrias representan aproximadamente 1.300 megavatios y sus contratos vencen a finales del año 2027. La renovación o continuidad de estos compromisos sin una planificación adecuada podría acelerar la llegada del déficit de energía y comprometer la seguridad del sistema nacional.
La sostenibilidad financiera de la ANDE representa un desafío complejo. El déficit de inversión en infraestructura supera los USD 600 millones anuales, lo que genera retrasos alarmantes en obras claves. Un ejemplo determinante es la construcción de la línea de 500 kV entre Yguazú y Valenzuela, una obra proyectada inicialmente para el año 2025 y cuya entrada en servicio se postergó hasta finales de 2027 en el mejor de los escenarios, afectando la estabilidad del suministro en el área central y metropolitana.
Anexo C. A esto se suma la indefinición de la tarifa de Itaipú a partir del año 2027, el vencimiento del Acuerdo Operativo de 2007 tras veinticuatro años de vigencia y la necesidad de definir los niveles de contratación con la binacional para octubre de 2026. Los expertos recuerdan que la eliminación de los fondos sociales de Itaipú a partir de 2027 deja un vacío importante, ya que una porción fue destinada a infraestructura eléctrica. Asimismo, el fin de los acuerdos operativos vigentes obligará a modificar el esquema de compra de potencia de Yacyretá, lo que podría encarecer los costos operativos de la ANDE por sobrecontratación.
Regulador. El ingeniero Ángel Recalde, ex director de Yacyretá, dijo a ÚH que concuerda con los cuestionamientos realizados por sus pares. No obstante, respecto al Ente Regulador, dijo que este dará confianza a quienes van a financiar las nuevas fuentes de generación.
Fuente. UH