La Contraloría General de la República constató que, al cierre de 2025, el IPS tenía una cuenta por cobrar al Estado de G. 5,04 billones y deudas patronales en gestión de cobro por G. 5,42 billones. Sumadas ambas deudas acumulan G.10,4 billones que al cambio en dólares asciende a 1.751 millones.
Al cierre del ejercicio fiscal 2025, el Instituto de Previsión Social (IPS) registraba G. 5.044.719.918.843 como deuda del Estado paraguayo, acumulada desde 1944 hasta 2025 y atribuibles al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones.
De acuerdo con la directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República, Gladys Fernández, por ley, el Estado paraguayo debe transferir al IPS un aporte obligatorio (1,5% sobre los salarios) destinado a financiar la Caja de Jubilaciones.
“El Estado casi nunca pagó: entre 1944 y 2025, la deuda total sumó más de G. 6 billones. El Estado solo transfirió G. 968.072.863.105 (apenas el 16,1% del total) y lo hizo durante la pandemia del Covid-19 (años 2020 y 2022). El saldo que se debe: al cierre del 2025, el Estado paraguayo le debe al IPS G. 5.044.719.918.843 (más de cinco billones de guaraníes)”, explicó a Última Hora.
La Contraloría General de la República (CGR) señaló en el documento que durante el periodo auditado no se evidenciaron avances concretos para recuperar ese saldo. La deuda figura en los estados financieros del IPS dentro de la cuenta Deudas del Estado.
A este monto se sumaban G. 5.426.853.215.255 en deudas patronales en gestión de cobro, registradas en las cuentas correspondientes a aportes devengados. La CGR verificó que G. 1.920.450.749.915 de esa cartera corresponderían a recursos atribuibles al Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones (FCJP).
El organismo de control tampoco evidenció que la Dirección de Administración de Jubilaciones realizara el seguimiento del estado de recuperación de esos recursos.
Para precisar, al Fondo Común en total se le debe el equivalente al 1,5% de los salarios de todos los trabajadores cotizantes del país, que asciende a G. 5,04 billones, y la deuda patronal atribuible al FCJP, que es de G. 1,9 billones, alcanzando casi G. 7 billones. Por parte del sector patronal se le debe al Fondo de Salud aproximadamente G. 3,5 billones.
En tanto el IPS está pagando jubilaciones hoy usando las rentas de sus inversiones porque el FCJP no recibió esos G. 6,9 billones.
Las cifras en rojo del Fondo Común
Entre las irregularidades observadas en la auditoría figura un préstamo de G. 79.459.418.844 otorgado el 31 de diciembre de 2001 por el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones al Fondo de Enfermedad y Maternidad.
A diciembre de 2025, 24 años después de la operación, el dinero todavía no fue restituido. La CGR recordó que la Ley N°1822/01 establecía que el plazo de reposición no podía superar los tres años.
La auditoría también detectó un saldo pendiente de recuperación de G. 28.028.245.484, correspondiente a haberes jubilatorios pagados después del fallecimiento de jubilados y pensionados que no tenían derechohabientes con derecho a pensión.
En el área inmobiliaria, la Contraloría constató que la cuenta de “Alquileres a Cobrar en Gestión Judicial” registraba G. 49.947.476.884 al 31 de diciembre de 2025.
El registro no estaba actualizado y contenía saldos antiguos, incluso desde 2018, además de incorporaciones parciales realizadas a modo de prueba. Según la CGR, la cuenta no reflejaba la totalidad de los créditos que estaban en gestión judicial debido a deudas pendientes de incorporación y a la falta de actualización de los registros.
La auditoría también señaló que el IPS no había revelado en las notas a sus estados contables los intereses moratorios, multas contractuales, recargos e IVA acumulados asociados a estos alquileres judicializados.
En otro de los hallazgos, la CGR constató que los ingresos por cánones correspondientes a 2025 eran presentados con criterios diferentes por distintas dependencias del IPS y que no existían mecanismos de conciliación para relacionar la información de las planillas de ingresos, el Estado de Resultados y el Boletín de Portafolio de Inversiones.
Pérdidas millonarias por déficit de rentabilidad inmobiliaria
El portafolio de inmuebles de renta del IPS (valorado en G. 1.974.585.076.646) no alcanza el rendimiento mínimo del 2% establecido en sus propios Programas Anuales de Inversiones (PAI). De acuerdo con el informe, se registraron brechas de rentabilidad negativas del 1,54% en 2023, 0,91% en 2024 y 1,08% en 2025. Esto provocó un impacto económico negativo acumulado de G. 65.517.978.318 que el Fondo de Jubilaciones dejó de percibir para su capitalización.
Otro de los hallazgos de la Contraloría trata con la Gran Manzana. Según el documento, IPS tomó conocimiento de la convocatoria de acreedores de la firma arrendataria Digital Entertainment SA en 2020, pero se presentó para verificar su crédito de G. 11.160.540.066 recién el 25 de marzo de 2022 (un año y seis meses después), incrementando severamente el riesgo de incobrabilidad.
Tras recuperar la posesión del complejo en julio de 2024, al cierre de 2025 el IPS no había formalizado contratos directos con ninguno de los 28 ocupantes comerciales de los salones.
Además se constató que los locales comerciales continúan pagando expensas, luz, agua y estacionamiento a las firmas privadas Exacto SRL y AVP SA, sin que exista ningún contrato ni autorización del IPS que avale que terceros recauden fondos de un activo institucional. Además, se omitió revelar en notas contables créditos contingentes por multas adeudadas por G. 4.525.125.537.
Asimismo, la Auditoría Interna determinó que el IPS dejará de percibir ingresos por G. 15.722 millones debido a adendas deficientes que otorgaron un excesivo “periodo de gracia” de hasta 93 meses (7 años y 9 meses sin cobrar canon completo) al arrendatario del predio, además de eliminar la obligación de transferir el 10% por subarrendamientos. Sumado a esto, IPS no definió el tratamiento contable de las mejoras físicas introducidas en el predio, las cuales cuentan con tasación de G. 85.869 millones.
Inmuebles millonarios sin títulos de propiedad ni activación contable
La Contraloría detectó que el IPS mantiene inmuebles valorados en G. 11.540 millones sin títulos inscritos a su nombre, acumulando retrasos de más de 20 años en casos de adjudicaciones por remate judicial desde 2002 (como los ocupados de forma consolidada por la universidad Unasur).
Otra situación se presenta con el Edificio Jazmín de Ciudad del Este que, según se menciona, fue adjudicado judicialmente por G. 7.000.000.000 y con valor referencial de G. 12.445.850.000, el IPS ejerce la posesión efectiva del inmueble desde junio de 2025, pero al cierre del ejercicio contable seguía registrado incorrectamente en cuentas transitorias de orden sin ser activado contablemente.
Por otra parte, que el IPS mantiene G. 43.030.210.974 correspondientes a 65 inmuebles en cuentas transitorias, a pesar del marco contable nacional vigente (Resolución MH N° 136/03). La Contraloría menciona que se dejó sin efecto el uso de cuentas de orden en el Sistema Integrado de Contabilidad Pública.
Deudas millonarias de entes públicos
Al cierre de 2025, la morosidad acumulada de los arrendamientos públicos sumaba G. 28.489.567.007, conforme detalla el informe. Se destaca el Ministerio Público que debe G. 11.096.139.168 tras 30 meses de mora. Esta falta de cobro causó un costo de oportunidad financiero estimado en G. 908.773.798 para la caja, destaca la Contraloría.
Igualmente, la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) adeuda G. 858.028.688 en mora desde diciembre de 2023, generando un costo de oportunidad de G. 70.272.550.
Asimismo, la Municipalidad de Encarnación y Gobernación de Itapúa ocupan el Parque de la Salud de Encarnación con un contrato vencido desde el año 2020 (ocupación de hecho). Tienen una deuda estimada de G. 16.476.854.460 pendiente de compensación. Sin embargo, la Municipalidad declaró no tener antecedentes, registros contables ni tasaciones de las mejoras que sirvan de respaldo para procesar dicha compensación.
Se constató que el IPS afrontó con sus propios recursos administrativos G. 428.376.541 correspondientes al consumo de energía eléctrica (ANDE) de la administración anterior de dúplex del complejo ocupados por terceros, sin implementar ningún mecanismo para su recuperación de los ocupantes. Asimismo, el Consejo de Administración del IPS aprobó de forma posterior el reconocimiento de pago de expensas comunes del complejo por G. 94.281.306 (de los cuales G. 62.576.088 corresponden al ejercicio fiscal 2025) sin recuperar dichos costos de los arrendatarios.
También se menciona que el IPS recibió un depósito de G. 45.000.000 de una ocupante que utilizaba salones comerciales en el Edificio Urundey. El dinero permaneció en cuentas bancarias sin registrarse contablemente al cierre de 2025, ya que el IPS aceptó el pago sin tener un contrato vigente, cesión o subrogación legalizada con ella, actuando al margen de la aprobación del Consejo de Administración.
Incrementos del haber mínimo jubilatorio (HMJ) se llevaron G. 350.000 millones
La Contraloría señala que durante los ejercicios 2020 y 2021, el Consejo de Administración de IPS aumentó el HMJ al 50% y 75% del salario mínimo legal respectivamente. Estas medidas se adoptaron sin considerar estudios actuariales y desoyendo las advertencias técnicas de que dichos incrementos agravarían el déficit actuarial y comprometerían el equilibrio del Fondo. Solamente entre los años 2023, 2024 y 2025, esta decisión le costó al IPS un desembolso real de G. 350.714.818.27, puntualiza el documento.