El economista y ex ministro de Hacienda Manuel Ferreira explicó los puntos que preocupan a la Asoban en relación con las operaciones de un banco de plaza. Si bien aseguró que no se registran incumplimientos de la normativa, señaló que existe una preocupación por un posible deterioro del sistema bancario.
El economista Manuel Ferreira conversó con Monumental 1080 AM este lunes sobre el tema que afecta a los representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), al presidente de la República, Santiago Peña, y al Banco Central del Paraguay (BCP).
El encuentro entre las partes se dio la semana pasada, en medio de un pedido de informes a la banca matriz sobre cuatro bancos privados, a fin de disipar dudas sobre la salud del sistema financiero.
Al respecto, el ex ministro de Hacienda señaló los puntos que preocupan al gremio con relación a un banco.
“Si un banco tiene USD 1.000 millones en activos, va a financiar esos activos más o menos con USD 120 millones propios y alrededor de USD 880 millones del público. El público llámase los depósitos, CDA, bono local o internacional”, explicó.
Si no existe dinero suficiente o si la cartera es de mala calidad, puede ocurrir que no haya fondos suficientes para pagar a los depositantes.
“Esa es la preocupación normal. Esto está reglado por una serie de resoluciones y normativas que tiene en general la Superintendencia de Bancos. En el caso particular de Paraguay, es que esa Superintendencia de Bancos depende del Banco Central”, observó.
Cuestionamientos sobre los patrimonios
Asoban señala –de acuerdo con Ferreira–, que, del 100% de los depósitos de un banco, el 10% corresponde al patrimonio propio y el 90% es financiado con dinero del público.
El analista indicó que, en Paraguay, el límite mínimo de solvencia y solidez suele situarse en el 12%. Aunque la entidad registra un 14,5% a junio de este año, Asoban advierte que “fue un número que fue bajando a lo largo del tiempo”, siguiendo con el análisis de Ferreira.
Otro punto vulnerable que observa el gremio tiene que ver con las empresas vinculadas, que son aquellas en las que el banco o los directivos tienen participación accionaria.
“El banco o los mismos accionistas del banco, tienen que tener una participación mínima en otra empresa para ser considerada empresa vinculada”, agregó.
La normativa establece que la participación no puede superar el 20% de su patrimonio efectivo.
“Ese número, más o menos, es parecido al patrimonio neto. Y lo que se señala acá es que básicamente se supera ese número en general. Que es un número superior al número que está establecido en el caso de este banco en particular”, expresó.
El cuestionamiento radica en que, si a la empresa vinculada le va mal y no puede hacer frente a sus operaciones, los activos del banco pueden perder calidad, lo que pondría en riesgo la devolución del dinero a los depositantes.
La principal fuente de ingreso
También se pone en duda la fuente principal de los ingresos del banco en cuestión, ya que gran parte de los resultados no provienen del negocio bancario.
“Es decir, no viene de tomar dinero del público y prestarles a terceros, sino que viene de una empresa en la que invirtió el banco y esa empresa le termina prestando dinero o devolviendo dinero al banco, pero en forma de dividendos. Esa debería ser una situación rara porque, en general, el dinero que se gana en un banco proviene de la intermediación financiera”, apuntó.
Aunque la liquidez del banco en cuestión es positiva, “a ellos les preocupa la falta de disponibilidad de algunas de esas potenciales liquideces. El encaje legal es una de ellas”.
El encaje legal consiste en un porcentaje de los depósitos del público que los bancos deben mantener inmovilizado.
“Si yo deposito dinero a plazo corto en general en un banco, por ejemplo G. 100 millones, ese banco no podrá usar todo el dinero, podrá usar solo G. 85 millones porque el 15%, G. 15 millones, debe dejar depositado en el concepto de encaje legal”, ejemplificó.
Cuando se utiliza dinero del encaje legal, la liquidez de un banco se reduce. “Esta es otra crítica”, acotó.
No hay incumplimientos, pero sí habría desigualdad
Al ser consultado sobre si el banco se apartó de los límites permitidos por el BCP, el analista aseguró: “Hasta donde yo vi, no hay ningún punto donde se haya salido explícitamente de la normativa”.
Para Ferreira, los puntos señalados por Asoban hacen referencia a situaciones de deterioro.
“Entonces, dicen que el capital es un capital que fue siendo menos importante sobre la totalidad de los depósitos; fue una liquidez que fue bajando con relación a los depósitos. Y habla de que mucho de esto fue financiado o con dinero del público o con dinero del Estado. El número que se señala a julio es un número muy grande de depositantes en una entidad. Yo nunca vi algo así: 2.737.000 personas físicas o jurídicas tienen depósito en la entidad; es un valor muy grande”, subrayó.
Finalmente, el analista afirmó que, con la nueva ley de bancos, los plazos para las fusiones y la posibilidad de diferir o no las pérdidas de una entidad a otra cuando es absorbida quedaron sujetos, en gran medida, “al libre albedrío de la Superintendencia de Bancos”.
“Y creo que acá está una de las críticas de Asoban, que parecería ser que el BCP le dio a un banco determinado un plazo y a otro banco determinado otro plazo. Y por eso se habla en varios casos de la necesidad de un tratamiento igualitario”, concluyó.
Fuente. UH