Los concejales Sebastián Martínez y Alison Anisimoff, ambos de la bancada Yo Creo, salieron al paso del informe presentado por el interventor Ramón Ramírez, cuestionando duramente su exposición sobre el uso de combustibles en la Municipalidad de Ciudad del Este.
Según los ediles de la bancada Yo Creo, el interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez “busca confundir a la ciudadanía” al presentar datos sin contexto y generalizar casos particulares.
Uno de los puntos más criticados fue la mención del uso de vehículos particulares para tareas municipales.
En ese sentido, la edil Anisimoff aclaró que esta práctica se realiza bajo resolución oficial, siguiendo un plan de mejora recomendado por la Contraloría General de la República (CGR) en 2019-2020.
Explicó que estos vehículos reciben combustible mediante orden de trabajo y vale mensual y no necesariamente gastan todo el mismo día en que se carga el tanque, como sugirió el interventor.
“Mostrar un ticket de G. 800.000 junto con una orden de trabajo por 50 kilómetros no significa que ese monto fue usado ese día. Ese tanque lleno puede usarse durante toda la semana”, sostuvo la concejala.
Asimismo, Martínez acusó al interventor de utilizar estrategias retóricas para instalar sospechas generalizadas a partir de ejemplos puntuales. “Se está usando una falacia clásica: mostrar un caso aislado y generalizar como si todo estuviera mal. Eso es deshonesto”, afirmó.
Otro punto polémico fue la afirmación de Ramírez sobre supuestas cargas de combustible fuera de horario laboral.
Anisimoff mencionó que la Municipalidad de Ciudad del Este cuenta con direcciones que operan en turnos extendidos o de 24 horas, como la Codeni, fiscalización, polución sonora y recolección de residuos, por lo que el combustible fuera de horario está plenamente justificado.
Asimismo, desmintieron al interventor sobre el número de funcionarios. “Dice que hay más de 2.500 funcionarios, pero ni siquiera se llega a 2.200”, enfatizó Martínez.
En cuanto a los niveles de consumo, Anisimoff hizo una comparación histórica.
“En 2019, cuando asumí como directora, el consumo rondaba los G. 600 millones al mes sin planta asfáltica. Hoy, con planta operativa y una flota totalmente renovada, estamos en G. 480 millones. Esa es la diferencia”.
Sobre el aumento en trámites de registros y habilitaciones, señaló que responde a la nueva ley electoral que exige tener el registro en el distrito donde se vota, sumado a la uniformización de tarifas a nivel nacional. “Hoy ya no conviene ir a otro municipio. Entonces, la gente viene a gestionar acá”, puntualizó.
Ambos concejales opositores pidieron mayor responsabilidad y objetividad en los informes de intervención, advirtiendo que la ciudadanía merece datos reales, explicados con claridad y sin sesgos.
Fuente. D10