Gremios empresariales trabajaron en un proyecto de ley que tipifique el contrabando, sancione a los responsables y cierre comercios que comercialicen esos productos, además de destruir esos artículos. La propuesta, elaborada con el sector público, se presentará en los próximos días al Congreso.
El presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, señaló que desde enero se trabajó en un proyecto de ley para combatir el contrabando de manera diferente. “Hoy no existen sanciones, sólo se incautan los productos y no pasa nada”, dijo. Las declaraciones las brindó luego de leer el comunicado conjunto con gremios empresariales, en la que exigen resultados al Ejecutivo y anunciaron que se levantaron de la mesa interinstitucional.
Duarte explicó que la propuesta consiste en tipificar el delito del contrabando, que se establezcan sanciones, se cierren los comercios que comercialicen los productos ilegal y se destruyan esos artículos. “Hoy no figura ni como antecedentes en la persona que hace contrabando, entonces es reincidente”, explicó.
Añadió que el proyecto fue consensuado en la Comisión Permanente, con representantes de instituciones públicas, entre las que citó Tributaciones, Policía, Armada, Aduanas, Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), entre otros.
Por otra parte, señaló que se retiran de la Unidad Interinstitucional para la Prevención, Combate y Represión al Contrabando (UIC), dirigida por el ministro Emilio Fúster. La decisión será hasta tanto que el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, demuestre un “golpe de timón” en la misión de lucha contra el contrabando. “Vamos a esperar que se de realmente la reconducción, los resultados y se proteja, no en el sentido de subsidiar, lo que se tiene en producción, industria y servicios en el país”, expresó.
La postura de los gremios están firmada por la UIP, La Federación de Cooperativos de Producción (Fecoprod), la Cámara Nacional de Comercios y Servicios (CNCS), la Unión de Gremios de Producción (UGP) y la Asociación Rural del Paraguay (ARP). Durante la conferencia de prensa participaron referentes de diversos sectores, incluyendo al de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), con Luis Tavella y Guillermina Coronel.
Fue desarrollada para sentar postura referente a la complicidad de funcionarios públicos en la comisión del flagelo.
Economía más sensible con conflicto mundial
Duarte recalcó la importancia de luchar contra el contrabando sobre todo en estos momentos en el que se registra un conflicto bélico en el mundo, que repercute en la “disparada de commodities, el costo de los fletes aumenta debido al aumento del valor del combustible y el estiaje de los ríos”, además de la sequía que destruyó cultivos e impacta en el volumen de las exportaciones y los ingresos al país. “Todo va a repercutir económicamente, y el Ejecutivo debe combatir al contrabando para proteger el empleo”, manifestó.
“Necesitamos recurrir a todos los recursos legales que tengamos para proteger el crecimiento económico y los trabajos”, recalcó.
¿Y los grandes comercios que estarían involucrados?
Duarte fue abordado referente al financiamiento o complicidad de grandes comercios que serían sospechosos de comercializar productos de contrabando, por ejemplo, en góndolas de supermercados, que serían miembros miembros o aliados del gremio que lidera. Respondió que se debe denunciar.
“Nosotros considerando que no puede ser llamado empresario quienes están en el ilícito del contrabando. Son delincuentes”, afirmó. “Hemos denunciado a muchos locales comerciales por esas razones pero no existen los instrumentos jurídicos para que sean cerrados”, señaló.
Fuente. Abc Color
