El BCP dejó operar a ueno bank 10 meses sin exigirle la documentación de sus vinculadas. En ese tiempo, el banco prestó a sola firma y a diez años a empresas que terminaban financiando a Vinanzas. Con esa plata, Vinanzas le compró su cartera morosa por USD 74,4 millones. La Superintendencia lo detectó recién en agosto de 2026 y el sumario llegó en septiembre.
Las operaciones de crédito y transferencia entre empresas relacionadas comenzaron en agosto de 2025, dos meses antes de que la Superintendencia de Bancos rechazara un pedido de desvinculación de MOWI SA. Durante ese período, ueno bank concedió préstamos a sola firma y a plazos de hasta diez años, cuyos desembolsos terminaban en sociedades vinculadas, entre ellas Itti, Vinanzas, Redisa y Grupo Vázquez.
El 15 de junio de 2026, Vinanzas adquirió la cartera morosa del banco por USD 74,4 millones con fondos provenientes de ese circuito. La financiación indirecta fue identificada formalmente en agosto y el sumario administrativo se abrió en septiembre.
El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, reconoció ante el Congreso que la supervisión llegó tarde. “Se llegó muy tarde, acá faltó decir no al poder de turno”, señaló al referirse a las actuaciones relacionadas con ueno bank.
El informe del Banco Central presentado ante el Ministerio Público muestra que las operaciones financieras entre sociedades relacionadas antecedieron a las primeras advertencias regulatorias y continuaron después de ellas.
La Superintendencia identificó vinculaciones empresariales en octubre de 2025, volvió a exigir el recálculo de exposiciones en junio de 2026 y documentó formalmente la financiación indirecta de la venta de cartera entre julio y agosto, cuando la operación ya se había concretado.
Los créditos comenzaron antes de las primeras advertencias
El 28 de agosto de 2025, Franede SA obtuvo un préstamo de USD 24,9 millones a diez años. Los recursos fueron transferidos inmediatamente a Vinanzas, Redisa y Grupo Vázquez. Ese mismo período registra créditos de largo plazo a sola firma para TUIU SA, cuyas operaciones comenzaron al día siguiente de una transferencia accionaria hacia ejecutivos vinculados al grupo.
El 26 de septiembre, ueno bank aprobó la apertura de cuenta y el desembolso de préstamos a MOWI SA sin bloqueo de fondos y sin contar con documentación legal respaldatoria, según el expediente. En esa fecha, Grupo Hendy SA comenzó a tomar financiamiento mediante un préstamo de G. 91.334 millones, cuyos recursos fueron transferidos a Itti Saeca y Redisa para cubrir sobregiros de la propia Itti.
Grupo M SA, conocida como Pagopar, también inició la toma de créditos con un préstamo de USD 14,3 millones, derivado íntegramente a Itti, Red Digital y Kaitel.
El 30 de septiembre, Franede recibió otro préstamo de G. 65.000 millones. Los fondos fueron girados a Vinanzas, que destinó parte de ellos a ueno bank por una supuesta compra de cartera y a Itti. Ese mismo día, Office Design SRL obtuvo un crédito de USD 13,7 millones a ocho años, aplicado a operaciones de cambio para saldar sobregiros de Itti.
Entre octubre y diciembre continuaron los desembolsos. Grupo Hendy, Grupo M y Office Design recibieron nuevos préstamos que fueron derivados a Itti, mientras que GSR EAS obtuvo créditos por USD 7 millones y USD 8,5 millones, transferidos a Vinanzas mediante contratos de instrumentos de renta fija y posteriormente rederivados a Itti.
El 27 de octubre de 2025 se produjo la primera advertencia formal de la Superintendencia. Ueno Bank solicitó mediante la Nota SG N.º 298/2025 la desvinculación de MOWI SA, pero el regulador rechazó el pedido al constatar criterios objetivos de administración compartida e interconexión operativa, conforme al artículo 47 de la Ley N.º 861/96.
El expediente remitido a la Fiscalía no explica por qué la Superintendencia no insistió inmediatamente en exigir documentación correspondiente entre octubre de 2025 y mayo de 2026. Mientras la entidad hoy colapsada siguió operando.
Sobregiros y nuevas asistencias durante 2026
En enero de 2026, MOWI SA registraba un sobregiro acumulado de G. 114.000 millones, que fue amortizado el 30 de enero mediante G. 105.000 millones provenientes de Itti, Redisa y Vinanzas. Ese mismo día, TUIU SA canceló un sobregiro de G. 57.500 millones con fondos de Vinanzas, previamente alimentada por Redisa, Redipro e Itti.
También en enero, AIME SA Corredores de Seguros recibió préstamos por G. 133.000 millones y USD 6,8 millones, cuyos desembolsos financiaron a Itti, Grupo Vázquez y Redisa.
Entre marzo y mayo se registraron nuevos créditos a Henrici, Franede, Grupo Berilo, GSR y Nubicom. En el caso de GSR, los préstamos de G. 30.150 millones y USD 16,9 millones fueron derivados a Vinanzas e Itti. Grupo M SA, por su parte, pagó una cuota de USD 4,32 millones en abril con transferencias de Itti y no con recursos de su propia actividad.
AIME acumuló sobregiros en abril y mayo, mientras que los fondos recibidos circularon hacia Itti, Grupo Vázquez y Redipro, terminando en el libramiento de cheques depositados en Zeta Banco.
El 5 de junio de 2026, la Superintendencia ratificó que MOWI y Grupo Hendy debían permanecer como empresas vinculadas y exigió recalcular los límites globales de exposición. El 8 de junio emitió el Informe SEFS 4 N.º 006/2026 sobre el grupo GPV 1535.
La venta de cartera y la triangulación de fondos
El 1 de junio de 2026, Grupo Berilo SA recibió un préstamo de USD 26,4 millones y transfirió USD 26,3 millones a Vinanzas, que derivó los recursos a Grupo Vázquez para financiar a Itti, Redisa y Redipro. Ese mismo día, GSR obtuvo un préstamo de G. 132.660 millones y Nuevo Mundo Entertainment SA recibió G. 198.205 millones, con desembolsos derivados a Vinanzas e Itti.
El 11 de junio, ueno bank concedió préstamos de USD 10 millones a Technoma Saeca y La Tropa Fletes EAS para operaciones bursátiles a través de ueno Casa de Bolsa. Technoma adquirió bonos de Itti y Grupo Vázquez, mientras que La Tropa compró títulos de Kasas Propiedades, Model, Grupo Vázquez e Itti. Además, Itti utilizó USD 6,32 millones para cancelar el sobregiro de Grupo M SA.
Cuatro días después, el 15 de junio, ueno bank vendió a Vinanzas SA su cartera morosa deteriorada por USD 74.418.418,12, correspondiente a MOWI SA, Grupo Hendy SA y Grupo M SA.
La operación se concretó pese a que, al 14 de junio, Vinanzas tenía apenas USD 93.828 en su cuenta bancaria. El mismo 15 de junio recibió USD 76.061.604,13 mediante préstamos y transferencias de sociedades relacionadas.
SATEC SA obtuvo un préstamo de USD 20 millones de ueno bank y transfirió los recursos directamente a Vinanzas. HD Invest EAS recibió otro crédito de USD 35 millones, también derivado íntegramente a la compradora. Factopar SA obtuvo USD 6,84 millones y adquirió bonos de Kasas Propiedades, Grupo Vázquez e Itti por USD 6,8 millones.
A estos fondos se sumaron USD 10,04 millones transferidos por Kasas Propiedades mediante un contrato de instrumento de renta fija, USD 4,67 millones de Itti, USD 4,21 millones de Grupo Vázquez y USD 2,11 millones de Model.
En paralelo, Sagas SA tomó un préstamo de G. 86.100 millones y lo derivó a Vinanzas mediante una operación presentada como compra de inmueble. Sumado a líneas de Factopar y HD Invest, la compradora reunió G. 218.700 millones.
Con esos recursos, Vinanzas pagó al contado USD 74,4 millones a ueno bank y giró G. 110.940 millones a Redisa y G. 18.770 millones a Redipro. Ambas empresas cancelaron los sobregiros de Grupo Hendy y MOWI en el propio banco, por G. 118.244 millones y G. 109.668 millones, respectivamente.
El circuito permitió que la compradora adquiriera la cartera deteriorada y que, simultáneamente, se cancelaran los sobregiros de las empresas cuyos créditos integraban esa cartera.
La detección formal llegó después de la operación
El primer documento que identificó indicios de financiación triangulada fue el Informe SEFS 4 N.º 007/2026, del 10 de julio, justo ese mismo día el gerente de la Superintendencia de Bancos, Fernando Rivarola, fue designado a la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).
A través de un correo el funcionario pidió que no se aceptara la operación del 15 de junio ya que los supervisores documentaron movimientos entre sociedades vinculadas que terminaron en la cuenta de Vinanzas.
El 28 de julio, el Informe SEFS 4 N.º 010/2026 confirmó la operación y la insuficiencia de recursos propios de la empresa compradora.
La conclusión formal llegó el 5 de agosto. Mediante el Informe de Hallazgos SB.GS.ISEFS.SEFS 4 N.º 011/2026, la Superintendencia determinó que ueno bank incurrió en financiación indirecta prohibida para adquirir su propia cartera morosa. El mecanismo involucró préstamos concedidos a sociedades intermediarias, entre ellas SATEC, HD Invest, Technoma, Factopar y La Tropa Fletes.
GSR: préstamos a diez años y sin garantías reales
El expediente también expone las condiciones de los créditos otorgados a GSR EAS, que a agosto de 2026 registraba una deuda de G. 439.134 millones exclusivamente con ueno bank, equivalente a aproximadamente USD 75 millones. En la nómina de deudores trascendida, la firma aparecía con G. 453.828 millones. Además, al cierre de septiembre tenía una línea de sobregiro vigente de G. 97.800 millones.
Según el Caso IX, los préstamos concedidos entre 2025 y 2026 fueron otorgados a sola firma, sin garantías reales, bajo las modalidades de proyecto de inversión y capital operativo. Los plazos alcanzaban 3.600 días, equivalentes a diez años, con cuotas anuales y períodos de gracia de 360 días.
GSR presentó un proyecto de inversión de USD 72 millones financiado íntegramente por Ueno Bank. Sin embargo, la Superintendencia encontró inconsistencias entre los rubros incluidos y la actividad declarada de la empresa, dedicada a servicios de seguridad física y transporte de caudales. Entre las partidas figuraban soluciones tecnológicas, servicios corporativos y depositarios inteligentes Glory DE-70.
El informe también cuestionó proyecciones de ingresos que pasaban de G. 10.685 millones en 2025 a G. 124.448 millones en 2026, un aumento del 1.164%, sin contratos ni acuerdos comerciales formalizados que respaldaran las estimaciones. La documentación tampoco tenía firmas de representantes de la empresa ni de profesionales independientes que acreditaran la viabilidad del proyecto.
La trazabilidad mostró que los desembolsos no permanecían en las cuentas de GSR ni se destinaban a su actividad operativa, sino que eran transferidos inmediatamente a Itti Saeca y Vinanzas SA.
Los pagos de intereses en guaraníes y dólares, así como la cancelación de sobregiros, se efectuaron con fondos transferidos por Itti. Las cancelaciones anticipadas de préstamos en guaraníes fueron financiadas desde Vinanzas.
El expediente también identificó pagarés no negociables a la orden de Kasas Propiedades SAE y contratos de instrumentos de renta fija cruzados con Vinanzas.
Otro elemento documentado fue el vínculo entre GSR y ueno bank. José Salas, socio accionista y representante legal de GSR, se desempeñó como gerente general interino del banco hasta diciembre de 2024, según el Acta de Directorio N.º 1254 del 9 de diciembre de ese año.
La Superintendencia concluyó que GSR formaba parte de una unidad de riesgo integrada bajo la gestión común del grupo económico y carecía de autonomía financiera. También dispuso su reclasificación obligatoria a la categoría de riesgo 3.
Intervención y la remisión a Fiscalía
El 24 de septiembre de 2026, el Directorio del BCP aprobó la Resolución N.º 42, que ordenó la instrucción de un procedimiento sumarial administrativo contra Ueno Bank y sus directores por presuntas faltas graves.
En octubre, la Superintendencia emitió nuevos informes sobre exposición de saldos con vinculados y ratificación de entidades relacionadas. Mediante la Nota SB.SG N.º 00307/2026 exigió la reclasificación obligatoria a categoría de riesgo 3. El 22 de octubre, Ueno informó que había reclasificado a Nuevo Mundo Entertainment SA y Nubicom Paraguay SA.
El 3 de noviembre, el entonces presidente del BCP, Carlos D. Carvallo Spalding, y los miembros del Directorio aprobaron la resolución de ueno bank y remitieron oficialmente las 199 páginas del expediente al fiscal general del Estado mediante la Nota BCP/P N.º 019, solicitando la apertura de una investigación penal de oficio por presunta lesión de confianza y daño patrimonial.
A la fecha de la publicación en el caso se encuentran imputados 27 imputados entre ellos el CEO de U Holding, Miguel Vázquez, el presidente de ueno, Juan Manuel Gustale y otros 6 directivos de la entidad bancaria, además de directivos de las empresas vinculadas citadas en la investigación. En otra causa se encuentran imputados y detenidos el ex presidente de la República, Santiago Peña y el ex presidente del BCP, Carlos Carvallo.
Fuente. UH