La funcionaria del Congreso, Anadelia Acosta Armoa, una de las principales responsables del cobro ilegal de una millonaria indemnización para familiares de dos trabajadores de la ANDE fallecidos por electrocución, afirmó que las publicaciones del caso “mancillan” su honorabilidad y buen nombre.
La mujer, imputada por el Ministerio Público por estafa, apropiación y otros delitos, solicitó un permiso de 30 días para “demostrar su inocencia” en el caso, afirmando que fue objeto de persecución. Sin embargo, el titular de la Cámara Baja le negó ese periodo de tiempo y la mujer debe presentarse en la sede de la institución legislativa.
“En estos últimos días he sido objeto de publicaciones en las cuales, violando todo derecho de presunción de inocencia, se me vincula como autora o coparticipe de diversos hechos punibles de importante gravedad, publicaciones que mancillan mi buen nombre y honorabilidad”, dice parte del texto dirigido al diputado Raúl Latorre.
Anadelia, que aún no se puso a disposición de la Justicia, firmó su pedido de permiso desde la clandestinidad.
El titular de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, adelantó que el permiso le será denegado.
“Di la indicación de que no se otorgue ese permiso. Vamos a continuar con la investigación preliminar, vamos a seguir esperando que esta funcionaria se presente y se ponga disposición de Recursos Humanos”, expresó ante los medios.
Igualmente, explicó que la funcionaria tiene un plazo de tres días para comparecer ante su institución y si eso no sucede, la jurisprudencia plantea una intimación.
“La indignación ante lo acontecido es grande, el hecho es muy grave y no solo por la cantidad de dinero que se robó, sino porque se lo hizo a personas muy humildes y en un momento de mucho dolor”, reprochó.
Fuente. UH