La iniciativa contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, comenzó a reunir adhesiones en la Cámara de Diputados. Seis legisladores ya firmaron el documento en el que se lo acusa de presunto mal desempeño de funciones y de la comisión de delitos en el ejercicio del cargo. Entre las principales causales figuran su cuestionada actuación en relación con el escándalo financiero de Ueno Bank, la demora en la investigación de las denuncias contra Santiago Peña y la precariedad del Laboratorio Forense.
El pedido de juicio político contra el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, empieza a tomar fuerza en la Cámara de Diputados, donde legisladores de distintos sectores comenzaron a estampar sus firmas en el libelo acusatorio en busca de promover su destitución.
Hasta el momento, los diputados que ya firmaron la iniciativa son Rocío Vallejo, Raúl Benítez, Adrián Billy Vaesken, María Constancia Benítez, Arnaldo Valdez y Carlos Pereira.
El documento, fechado el 11 de noviembre, y dirigido al presidente de Diputados, Raúl Latorre, plantea formalmente la acusación por mal desempeño de funciones y presunta comisión de delitos en el ejercicio del cargo, conforme al artículo 225 de la Constitución Nacional.
La propuesta fundamenta el pedido en cuatro ejes centrales, vinculados principalmente con la actuación del Ministerio Público durante las denuncias e investigaciones relacionadas con el escándalo financiero de Ueno Bank y hechos que involucran al expresidente Santiago Peña.
Uno de los principales cuestionamientos apunta a la supuesta conducción deficiente de la investigación del caso Ueno, en medio de las denuncias sobre el esquema financiero que derivó en una crisis de enorme impacto económico y social.
La diputada Rocío Vallejo sostuvo que la actuación tardía de la Fiscalía habría permitido la pérdida de evidencias fundamentales para esclarecer los hechos y recuperar los bienes que podrían servir para resarcir a las víctimas.
“Él es el culpable de que hoy no tengamos suficientes evidencias, por lo menos recuperar el tendal de joyas que llevaron, que por lo menos sirva para devolver algo a esta gente”, manifestó.
“Él es el culpable de que hoy no tengamos suficientes evidencias, por lo menos recuperar el tendal de joyas que llevaron, que por lo menos sirva para devolver algo a esta gente”.
La legisladora cuestionó especialmente que no se hayan resguardado oportunamente las propiedades y los bienes vinculados a la investigación, incluyendo la vivienda del expresidente Peña y la residencia de San Bernardino.
“La casa del presidente y la de San Bernardino debieron ser resguardadas desde el momento en que se dijo que se iba a hacer juicio político, porque desde ese momento empezaron a vaciar todas sus cosas”, afirmó.
“La casa del Presidente y de San Bernardino debieron ser resguardadas desde el momento en que se dijo que se iba a hacer juicio político, porque desde ese momento empezaron a vaciar todas sus cosas”.
El segundo eje del libelo se refiere a la supuesta retención durante siete meses de la denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, tráfico de influencias y administración en provecho propio contra el entonces presidente Santiago Peña. Según el documento, el análisis de esa denuncia fue remitido a la Contraloría General de la República.
También se cuestiona la inacción ante las denuncias conocidas como los “sobres del poder”, así como la falta de respuesta a otros hechos denunciados por legisladores y que involucraban al exmandatario.
“No se tomaron nunca en serio las denuncias sobre los sobres del poder; sin embargo, ahora se incluye en el acta de imputación cuando que desde hace mucho tenían las denuncias”, cuestionó Vallejo.
La diputada sostuvo que el fiscal general mantuvo una conducta de protección hacia Peña. “El fiscal general del Estado siempre encubrió y operó a favor de Peña, siempre dio excusas infantiles y respuestas equivocadas. Él se tiene que ir”, sentenció.
Fuente. UH