Tras la conformación de la mesa directiva en el Congreso Nacional y la elección de representantes ante el JEM y el Consejo de la Magistratura, varios analistas y políticos cuestionan el copamiento de poder por parte de los colorados. Pero, ¿qué podría realmente significar esto?
El nuevo escenario político, ante el acaparamiento de los colorados en los tres poderes del Estado, genera una gran preocupación y debate en la sociedad, debido al peligro que podría constituir para la democracia y la Justicia paraguaya.
En comunicación con Última Hora, la analista Marta Ferrara, de la organización Semillas para la Democracia, alertó sobre varios puntos negativos que podría traer este panorama político tanto para la democracia como para la economía paraguaya.
Inició recordando que el sistema político del país se caracteriza por la concentración de poder en solo dos partidos tradicionales, el Partido Colorado y el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), lo que, a su criterio, “limita la participación ciudadana y favorece la impunidad y la corrupción”.
Dijo que dicha concentración también hace que haya una falta de independencia del Poder Judicial, permitiendo que los casos de corrupción “sean manipulados políticamente”. En ese marco, también habló de la falta de claridad o transparencia en la financiación de las campañas electorales, lo que “perpetúa el mismo ciclo de impunidad”.
“La presencia de redes clientelares en el sistema político fomenta la corrupción. Los cargos públicos son utilizados como instrumentos de poder para recompensar a leales para mantener el control. La falta de mecanismos efectivos de rendición de cuentas socava la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y dificulta la lucha contra la corrupción”, acotó.
Seguidamente, sostuvo que la impunidad y corrupción a la par tienen consecuencias negativas en la economía, ya que generan desigualdad y pobreza, teniendo en cuenta que los políticos desvían recursos que pueden ser utilizados para políticas públicas de desarrollo social.
“Tenemos el debilitamiento del Estado de Derecho. La corrupción crea un entorno empresarial poco propicio, creando una falta de interés de la inversión extranjera y afectando el crecimiento económico a largo plazo”, sostuvo.
Asimismo, afirmó que la falta de transparencia y la falta de competencia en los procesos de contratación pública pueden derivar en la ineficiencia económica, generando un “descontento social, polarización y desafección política, debilitando la participación ciudadana y obstruyendo el fortalecimiento democrático”.
Sobre esa misma línea, ejemplificó que fue justamente esto lo que se vio durante las elecciones generales pasadas, donde un gran porcentaje de electores optó por el “voto bronca”, a favor de los candidatos del Partido Cruzada Nacional, que se convirtió en la tercera fuerza en el Congreso Nacional.
“Pero hoy estamos viendo que no tiene bases sólidas, no tiene una estructura orgánica, lo que está generando muchas fugas en sus propias bases”, finalizó.
Algunos parlamentarios de la oposición ya se pronunciaron contra el panorama político actual, como el caso de la diputada de País Solidario, Johanna Ortega, quien lamentó que el Gobierno se haya “teñido de rojo”.
Calificó de “peligroso” el copamiento de poder en una sola cúpula pequeña, asegurando que “sin oposición no hay democracia”. Comparó el caso con la misma dictadura.
La senadora de la Alianza Encuentro Nacional, Kattya González, también cuestionó que los distintos estamentos estén conformados por políticos colorados y liberales “vendidos”.
Así se impuso la aplanadora colorada
Tras las elecciones generales del pasado 30 de abril, los miembros de la Asociación Nacional Republicana (ANR), sobre todo de Honor Colorado, fueron copando el poder político, comenzando por el electo presidente, el cartista Santiago Peña, siguiendo por la mayoría propia en ambas cámaras.
Con el pretexto de lograr la gobernabilidad, los cartistas impulsaron la candidatura de Silvio Beto Ovelar para la Cámara de Senadores y de Raúl Latorre para Diputados. Tras la puja con otros aspirantes, ya sea de Fuerza Republicana u opositores, ambos cartistas finalmente fueron electos para la mesa directiva del Congreso.
Además, el Partido Colorado, actualmente presidido justamente por Horacio Cartes, también logró copar gran parte de los estamentos del Poder Judicial, como el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), el Consejo de la Magistratura (CM) y parte de la Corte Suprema de Justicia.
En ese sentido, el último miércoles, la Cámara de Diputados eligió sin control alguno a sus nuevos representantes ante los órganos extrapoder, sin un solo opositor entre sus componentes.
En el JEM fueron designados titulares Orlando Arévalo, de Honor Colorado (HC), y Alejandro Aguilera, de Fuerza Republicana (FR). Sus suplentes serán José Rodríguez, de HC; Bettina Aguilera, de FR, y Del Pilar Vázquez, del PLRA.
El Consejo de la Magistratura (CM), por su parte, tendrá como representantes al colorado Édgar Olmedo, también de Fuerza Republicana, y su suplente, Diego Candia, de Honor Colorado.
No satisfechos con todo eso, en la Cámara de Senadores, la aplanadora colorada también copó los órganos de Justicia. Fueron designados Mario Varela y David Rivas como representantes ante el JEM, mientras que Édgar López, liberal que era efrainista pero ahora es afín a los cartistas, fue designado ante el Consejo de la Magistratura.
Fuente. UH