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Prieto aceleró adjudicaciones de obras por más de G. 30 mil millones

El interventor de la Comuna de CDE calificó la situación como, cuando menos, llamativa y aseguró que será verificada. Además, se suspendió por 30 días la apertura de sobres para obras por un valor de G. 15 mil millones.

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El interventor Ramón Ramírez dio algunos detalles de su trabajo tras dos semanas al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este. Un aspecto que llamó la atención son las contrataciones multimillonarias firmadas a contrarreloj entre el 27 de mayo y el 20 de junio. En tan solo 24 días antes de la intervención, más de 30.200 millones fueron adjudicados y G. 4.100 millones pagados como anticipos.

Para tener una idea de la magnitud, en el mismo periodo de 2024 se adjudicaron contratos por G. 16.470 millones, y en 2023 y 2022 por G. 7.038 millones y G. 7.355 millones, respectivamente. “Estamos hablando de una duplicación en comparación al año pasado, y de una cuadruplicación respecto a los dos años anteriores. Es un comportamiento que llama poderosamente la atención y que requiere una revisión minuciosa”, advirtió Ramírez.

Entre las licitaciones se encuentra la de la Escuela 354, que forma parte de una convocatoria por más de G. 15.500 millones. Este caso en particular cobró estado público, debido a un video realizado por el suspendido intendente Miguel Prieto, donde cuestiona al interventor por suspender el proceso.

La apertura de sobres estaba fijada para dos días después del inicio de la intervención, lo que llevó al equipo interventor a postergar el proceso por 30 días, aunque sin cancelarlo. “No podíamos permitir que una obra de esa magnitud se adjudique sin que podamos verificar previamente el cumplimiento de los principios de libre competencia”, explicó Ramírez al señalar que revisando los historiales de adjudicación, identificaron un patrón repetido, donde un grupo reducido de empresas ha concentrado los contratos más importantes.

El interventor aclaró que los contratos aún vigentes serán revisados uno por uno, dentro del limitado plazo legal de 60 días que tiene la intervención. Aclaró que no tomaran decisiones que puedan perjudicar al Municipio.

DOCUMENTOS. Otra de las mayores dificultades señaladas por el interventor fue el acceso restringido a los documentos oficiales. De los 215 documentos requeridos, que están directamente relacionados con 8 de los 12 puntos observados por la Contraloría, solo 162 han sido localizados hasta ahora. “Encontramos una conducta sistemática que desconoce las normas básicas de resguardo documental. Muchas veces, los originales fueron enviados a otras instituciones y no se conservaron copias en los archivos municipales, lo que no solo es irregular, sino ilegal”, dijo.

Aun así, aseguró que su equipo está adoptando medidas para reconstruir los expedientes, recuperar copias de otras fuentes y garantizar que el informe final esté debidamente sustentado.

La intervención también se encontró con una situación crítica en lo que respecta al funcionamiento interno de la municipalidad. Al momento del arribo del equipo interventor, solo el 40% de los 2.259 funcionarios había cobrado sus salarios, cifra que fue revertida en las últimas dos semanas. Hoy, el 99% del plantel ya recibió su salario correspondiente a mayo, y solo quedan 22 funcionarios pendientes por falta de documentación.

Además, se regularizó el pago del seguro médico, cuya transferencia a la aseguradora estaba detenida pese a que los montos ya habían sido des contados de los salarios. “Era una práctica extremadamente irresponsable que ponía en riesgo la cobertura de los trabajadores”, subrayó.

Marcación obligatoria

En materia de control de asistencia, el interventor Ramírez implementó la marcación obligatoria por relojes biométricos, dado que “el uso de planillas era la norma, no la excepción”, lo que facilitaba el ausentismo o la suplantación. También se está evaluando el desempeño de los directores de área, aunque por ahora se han hecho solo “los cambios necesarios para asegurar el funcionamiento básico”.

Otro dato revelador es que cerca de 2.000 contratos laborales quedaron pendientes de formalización al cierre del primer semestre. “Se trata de trabajadores que continúan cumpliendo funciones, pero sin tener regularizada su situación por cambios en los firmantes o por trámites administrativos inconclusos. Estamos trabajando contrarreloj para corregir esto”, señaló.

Consultado acerca de la prensa sobre si logrará presentar un dictamen completo en el plazo de 60 días, Ramírez manifestó que se ajustará a lo que establece la ley.

“Es nuestra obligación legal cumplir en ese tiempo, y así lo haremos, con todos los obstáculos que tengamos que sortear”.

Prieto: “Interventor no hace nada”

El intendente de Ciudad del Este Miguel Prieto manifestó que el interventor de la Comuna “no está haciendo absolutamente nada”. Mencionó que lo único que ve que está realizando es “entorpeciendo el progreso que estábamos llevando en Ciudad del Este”.

El jefe comunal mencionó que el interventor Ramón Ramírez debe pedir los documentos a la Fiscalía. “La Fiscalía nos allanó durante seis años seguidos, si yo sabía que si cinco años después me iban a intervenir y pedir esos documentos yo iba a pedir a la Fiscalía”, manifestó.

Aseguró que él no pone trabas de ninguna manera a los pedidos que realiza el interventor.

“La Fiscalía entraba como Juan por su casa y secuestraba los documentos, pero el 90% de los documentos que están pidiendo les estamos dando”, indicó.

Ramírez presentó un informe preliminar en el que detalla los avances administrativos y las irregularidades detectadas en la gestión del intendente suspendido Miguel Prieto (Yo Creo). Señaló que el foco principal en esta etapa inicial fue la revisión documental y administrativa, un proceso que enfrenta obstáculos debido a la falta de acceso a archivos y al aparente incumplimiento de normas básicas de resguardo documental por parte de la administración anterior.

“Hasta ahora accedimos a 162 documentos de los 215 gestionados, lo que representa apenas una fracción del universo total requerido”, explicó y añadió que los documentos revisados están vinculados a ocho de los 12 puntos observados por la Contraloría, que tienen 114 observaciones específicas.

Fuente. UH

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