Las empresas importadoras y distribuidoras de combustible nucleadas en Dicapar y Cadipac emitieron un comunicado conjunto para cuestionar que el fondo de estabilización se haya creado sin incluir a los privados en las mesas de trabajo. Afirmaron que el subsidio es inconstitucional y discriminatorio, además de generar una “competencia desleal” que solo beneficia a Petropar y pone en riesgo más de 3.000 puestos de trabajo.
Los gremios Dicapar (Distribuidoras de Combustibles Asociadas del Paraguay) y Cadipac (Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles) afirmaron que el “fondo de estabilización del precio de los combustibles” fue elaborado enteramente por el Equipo Económico Nacional, sin participación de las empresas del sector privado.
“Los precios de los combustibles comercializados por nuestras empresas reflejan y acompañan las cotizaciones internacionales de los derivados del petróleo. En los últimos meses, y particularmente en las últimas semanas, el incremento en estas cotizaciones ha resultado en aumentos de precios de combustibles en todo el mundo, no siendo una excepción nuestra región”, afirman sobre la suba del producto.
Los gremios hicieron énfasis en que Petropar “de manera unilateral” ahora comercializa sus combustibles por debajo de los precios internacionales de importación, lo cual resulta en una competencia desleal que pone en riesgo la continuidad operativa de las empresas privadas, que generan más de 3.000 puestos de trabajo.
Asimismo, aprovecharon para recordar el “nefasto resultado de la aplicación de subsidios” a la comercialización del gasoil en Petropar, en los años 2008 y 2009, cuando se generó la polémica deuda con PDVSA, de US$ 300 millones, que está en litigio en tribunales de París.
Por estos motivos, ambos gremios hicieron énfasis en que están en “total desacuerdo con cualquier medida que distorsione las reglas del libre mercado con medidas manifiestamente inconstitucionales y discriminatorias contra el sector empresarial privado, sean estas en la forma de subsidios o a través de acciones llevadas a cabo por instituciones o empresas del Estado”.
Finalmente, recalcaron que rechazan “todo intento de canalizar a través de nuestras empresas fondos de empréstitos públicos con el solo fin de solucionar asuntos políticos que escapan a nuestro manejo”.
Fuente. Abc Color
