El abogado Guillermo Ferreiro, quien recientemente asumió la defensa de Miguel Prieto, el intendente de la Municipalidad de Ciudad del Este, afirmó que la imputación en contra de su cliente “de facto” ya es un cambio en la jefatura de la Comuna.
El nuevo representante legal de Miguel Prieto, imputado por lesión de confianza junto a otras 10 personas por la supuesta compra irregular de kits de alimentos en pandemia, adelantó que solicitará posponer la audiencia preliminar del intendente de la Municipalidad de Ciudad del Este, prevista para este viernes.
Explicó que compró un viaje a Buenos Aires, Argentina, al principio de mes, antes de que se abriera la causa contra el jefe comunal y de que él asumiera la defensa. No obstante, en conversación con radio Monumental 1080 AM, habló del caso y aseguró que es una maniobra para sacar del cargo a su cliente.
Consideró una “barbaridad” y “brutalidad” las medidas cautelares impuestas a Prieto, ya que la Fiscalía además solicitó su arresto domiciliario, atendiendo a que no hay peligro de fuga ni obstrucción a la investigación.
“Esto lo que implica es un cambio de intendente eludiendo los procedimientos constitucionales. Porque, de hecho, de facto, esto es un cambio de intendente, que es lo que se busca”, señaló Guillermo Ferreiro a la emisora.
Criticó que la imputación formulada por el Ministerio Público atribuya hechos punibles al intendente que supuestamente fueron cometidos por la empresa contratada para la adquisición de los kits de alimentos.
“El derecho penal es de carácter personalísimo”, resaltó.
“El sujeto siempre es un tercero, el verbo está atribuido a tal persona, por lo tanto, Prieto es imputado y eso es muy grave. Si a esto le sumamos que, con base en este delito, se piden medidas cautelares sin justificar —lo que la ley prohíbe—, esto lo que implica es un golpe de Estado municipal como hicieron con Mario Ferreiro”, prosiguió el abogado.
Por otro lado, cuestionó que la Fiscalía no haya adjuntado documentos que prueben la falta de capacidad de la empresa proveedora, ni acerca de su insuficiencia de stock. Cuestionó el trabajo de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) en ese sentido, ya la institución no tiene acceso al inventario.
Los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y Rodrigo Estigarribia formularon la imputación por lesión de confianza contra Miguel Prieto hace una semana y en cuestión de horas, al día siguiente, fue admitida por el juez Agustín Delmás, quien fijó las fechas de audiencias de imposición de medidas, entre el próximo viernes 28 y lunes 31 de julio.
Imputados
Las imputaciones por lesión de confianza fueron realizadas contra el intendente Miguel Prieto y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, director de Administración y Finanzas de la Municipalidad.
Con el mismo cargo, pero en calidad de coautores, también se imputó a Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, José Félix Cáceres Galeano, Julián Benítez Gamarra, Himinio Ramón Acuña, Cirle Alizabeth Alcaraz Ramírez, Nelson Alexis Segovia Acevedo, Fermín Ávalos Britos y Emilia Vanessa Florentín Páez.
Ávalos Britos es el propietario de la empresa Tía Chela SRL, que fue adjudicada por la Municipalidad de Ciudad del Este, y Emilia Vanessa Florentín Páez es dueña de la firma Vanemi SA, que le surtía de mercaderías y que estaría vinculada al jefe comunal.
La causa guarda relación con una licitación que se realizó por la vía de la excepción en marzo de 2020, en época de pandemia, sobre la compra de 25.000 kits para distribuir a personas vulnerables y de escasos recursos.
Fuente. UH